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Lunes, Mayo,2019

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Plenario/Congresos

 

Como es habitual en esta Comisión, el despacho presentado en el Congreso precedente fue referencia obligada para entrar en el análisis de la situación en la Banca Privada. Allí señalábamos la situación generada por el brutal ajuste que impulsa el Gobierno del Sr. Macri, y consideramos el excelente acuerdo salarial alcanzado en ese contexto para el año 2016, ejercicio que considera este Congreso.

 

En el mismo año 2016, mes de noviembre, comenzamos a definir el acuerdo salarial vigente para el presente año 2017. Entonces alcanzamos la reapertura de la paritaria 2016, tras distintas acciones y movilizaciones multitudinarias realizadas frente a negativas a cumplir con la cláusula de reajuste prevista por mayor inflación.

 

Pero, desde el momento que alcanzamos un acuerdo con las Cámaras mayoritarias del sector, ABAPPRA y ADEBA, sufrimos presiones intolerables e ilegales por parte del Gobierno que, a instancias de la banca extranjera, trató lisa y llanamente de dejar sin efecto ese acuerdo en cuya redacción había participado el mismísimo Ministro de Trabajo de la Nación. Tal acuerdo constaba de dos partes, una para compensar esa pérdida del poder de compra, y un pre acuerdo salarial 2017, siguiendo en esto el criterio de años anteriores.

 

Con mucha entereza nuestro principal negociador, Sergio Palazzo, junto a la comisión paritaria fue garantizando, a pesar de ello, que  todas las cámaras, y el Banco Central, hubieran o no firmado, cumplieran progresivamente una a una sus cláusulas: la compensación por pérdida del poder adquisitivo el 23 de diciembre, el reconocimiento por el mismo concepto de un aumento del 4% a partir del 1° de enero, la habitual compensación remunerativa que se viene percibiendo como parte de los ya habituales preacuerdos salariales, el 5 de enero; pero, a partir de ese pago, a instancias del Gobierno,  en una maniobra concertada en la propia Casa Rosada todos los bancos –con pocas pero reconocidas excepciones– se negaron a abonar el anticipo salarial a cuenta que establecía un aumento del 10% más una suma de $ 2000 a cada trabajador.

 

Ante esa circunstancia, nuestro sindicato se movilizó con gran respaldo de los trabajadores bancarios, y accionó ante la justicia que ordenó pagar el anticipo salarial.

 

Com un desprecio total por la seguridad jurídica, bancos y gobierno, incumplieron la orden judicial. Como inmediata respuesta entre el 8 y 9 de febrero se realizaron más de mil asambleas en todo el país. Seguidamente se convocó a un paro para el 17 de ese mes, y como, en el interin, el día 12, los bancos extranjeros rompieron la posibilidad de alcanzar una salida satisfactoria, se resolvió extender ese paro a 72 horas.

 

Sabiendo que tendría una gran adhesión los bancos pidieron al Ministerio reanudar la paritaria el día 16. Ese día llegamos a un acuerdo superador, que sumó a las sumas y porcentaje del 4% mencionado un 19,5% de aumento acumulativo, lo que llevó el incremento salarial desde el 1/1 al 24,3%, con una cláusula de ajuste automática y retroactiva a esa fecha si el índice de precios supera esa cifra. Se estableció también un importante adicional por el Día del Bancario. Una vez más nuestro sindicato demostró que es la mejor garantía de los derechos de los bancarios.

 

Hemos de resaltar ante este Congreso que vivimos durante este conflicto, momentos de gran tensión, soportando nuestra conducción agresiones de indudable  signo extorsivo. Y persiste en nosotros mucha indignación ante la generalizada falta de seguridad jurídica para los trabajadores. Cabal ejemplo de ello, es la decisión del Gobierno de perseguir a los Jueces Graciela Marino, y  Enrique Arias Gibert, por la señalada medida cautelar que protegía nuestros derechos.

 

Esos hechos, debemos prevenir, anticipan una situación conflictiva para el momento de discutir el acuerdo salarial 2018. Por ello debemos estar alertas y advertir a nuestros compañeros que, de no ser derrotada claramente la alianza que gobierna, en las elecciones de octubre, la situación será aún más negativa para la negociación paritaria y en general para todos los derechos laborales.

 

Esta crítica situación es más que evidente cuando todos los días el Gobierno profundiza el ajuste contra los trabajadores activos y pasivos con una insólita brutalidad como lo demuestra, por ejemplo, en estas horas el avasallamiento del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con un ilegal decretazo que establece dicha remuneración testigo en una suma paupérrima e inaceptable, o dando de baja pensiones a personas con capacidades diferentes o planes Progresar a jóvenes que estudian, sometiendo a una requisitoria que no corresponde a beneficiarios de pensiones por viudez.

 

Dicho esto, recordamos que también señalábamos en el despacho que presentáramos ante este Congreso en 2016:

 

a) Las numerosas irregularidades y fraudes en que se reiteran y se siguen reiterando en los bancos. Nuestro permanente accionar sindical, es cierto, es reparatorio ante los incumplimientos del Convenio, las liquidaciones y absorciones salariales incorrectas, el incumplimiento de la jornada y las horas extras no abonadas, la estafa implícita en los sistemas de remuneración variable y las tercerizaciones donde miles de compañeros perciben salarios inferiores a los que corresponden. Pero superado un fraude, un incumplimiento, una diferencia, una inequidad, el accionar patronal genera inmediatamente otra.

 

b) El preocupante proceso de desregulación que llevan adelante las actuales autoridades del Banco Central, como bien lo demuestran sus circulares limitando al mínimo los requisitos exigibles para operar en el sistema, inclusive en materia de lavado de dinero y actividades ilícitas, para una actividad que tiene, insistimos, el carácter de servicio público.

 

Las facilidades, extremas, incluyen la apertura de sucursales autorizada con sólo una notificación formal de la entidad matriz, la habilitación de Oficinas de Atención Transitoria (sin cuentas corrientes residentes) vinculadas a una sucursal que opera como central, promueve la apertura de “Dependencias Automatizadas” y la descentralización, tercerización de áreas centrales como administración, centro de cómputos, archivos, imprenta tanto en empresas de terceros como subsidiarias así como la creación de puestos “permanentes” de promoción.

 

Así, desde el Banco Central, se incentiva el proceso de incorporación de tecnología con el que se proyecta una radical transformación y reducción de las redes de atención, basado en los  centros de atención cercanos al usuario, con la consiguiente proyección de una importante reducción de puestos laborales.

 

Esta realidad se da en el marco del peligroso juego que supone sostener el actual esquema económico con un ajuste permanente que ha sumido al mercado interno en recesión, en una pronunciada caída de la actividad productiva, y el consiguiente incremento del déficit fiscal y cuasi fiscal, mediante un endeudamiento récord en el ámbito mundial. Estamos, en realidad, pasando de un esquema económico centrado en la producción a otro centrado en las finanzas.

 

Este es un proceso de financiarización de la economía que nos promete un quebranto cierto, en un plazo incierto que puede ser en cualquier momento, que, como ya sucedió, también se manifestará en pérdida de puestos laborales.

 

Contemporáneamente estamos ante la amenaza de una fuerte competencia para las entidades financieras locales. Así lo señala el informe macroeconómico y financiero editado especialmente por el Secretariado Nacional para este Congreso, donde se señala que la falta de control de la actividad financiera en el ámbito mundial, tendrá impactos profundos sobre la precaria estabilidad económica, el aumento de la deuda pública y el empeoramiento en la distribución del ingreso.

 

Este proceso involucra a nuestra región y a nuestro país. En ese sentido es más que preocupante el acuerdo Mercosur-Unión Europea que promueve el Sr. Macri que incluye capítulos destinados a incorporar compromisos de libre comercio que traen aparejada una mayor desregulación financiera. Esto, como ha sucedido ya en Chile, Colombia y México, podría llegar a habilitar la introducción de servicios financieros europeos que desplazarían en el mercado a parte de los actuales actores locales. Existen, al respecto, negociaciones que se llevan adelante con una confidencialidad inadmisible cuando se pone en serio riesgo no sólo al actual sistema financiero y sus trabajadores, sino al interés nacional.

 

Es por tres lados, entonces, que se compromete no sólo al empleo sino al actual sistema financiero en nuestro país.

 

·         Por el lado de un esquema económico financiero que se sustenta en el endeudamiento y la especulación, que impone un brutal ajuste que se traduce en caída del mercado, la actividad productiva y el empleo. Tarde o temprano ello repercutirá negativamente en el sector financiero.

 

·         Por el lado de la desregulación y la liberalización que facilita la aparición de poderosos competidores transnacionales en nuestro mercado interno.

 

Por el lado de la incorporación de una cada vez más poderosa tecnología, basada en la denominada Inteligencia Artificial, la instalación de las denominadas empresas Fintech (Finance Technology), sin consultar a los actores involucrados, los potenciales usuarios, los trabajadores, y las propias entidades, comenzando por las públicas.

 

·         La  denominada Banca Digital acentúa el proceso de reducción de  infraestructura física y puestos laborales que comenzó con la articulación de procesos de informatización/automatización y la revolución de las comunicaciones ya en el siglo pasado.

 

Sin importar el riesgo, este proceso conlleva, en su actual proyección, la aparición de nuevas tercerizaciones que tienen el mismo fin de las que combatimos y utilizan las entidades financieras para desconocer las condiciones laborales vigentes que  involucran todas las ramas de trabajadores comprendidas en nuestro convenio colectivo, imprescindibles para el desarrollo de la actividad financiera, incluyendo las vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Advertido esto, un desafío estratégico importante, no podemos desconocer que contemporáneamente tenemos cuestiones urgentes a considerar:

 

a)    Es intolerable, más aún la situación de emergencia social que se vive, con los altos márgenes de rentabilidad del sistema, no sólo que se insista en esa metodología de tráfico del trabajo humano que son las tercerizaciones, sino que con  esa pantalla fraudulenta, que tareas encuadradas en las ramas maestranza/ordenanza sean remuneradas con salarios de hambre, un 40% por debajo de la línea de pobreza!!!!

 

b)    Más grave aún, está comprobado que tal tráfico de trabajo es más oneroso para las entidades que respetar la condición de bancarios que tienen esos trabajadores; ello, advertimos, supone un daño para los propios bancos, en su caso para sus accionistas, contraviniendo claramente regulaciones particularmente exigibles para entidades que diversifican el riesgo cotizando en los mercados bursátiles.

 

c)     Estas, y todas las tercerizaciones, constituyen un delito y una puerta abierta para el delito, poniendo en riesgo la seguridad de la información, el patrimonio de las entidades y de los terceros que ellas deben administrar. Este riesgo se incrementará con el desarrollo de la banca digital, pues trae aparejada la profundización del ya iniciado proceso de sustitución de decisiones, niveles de supervisión y control por oposición HUMANO por sistemas de INTELIGENCIA ARTIFICIAL, manipulables por quienes los controlan o por quienes pueden acceder a ellos ilegalmente, abriendo la puerta a riesgos de dimensión colosal, desconocidos, al cibercrimen que ya se considera mucho más rentable que el narcotráfico.

 

En ese sentido, tal como advierten especialistas en las Fintech, los riesgos en materia regulatoria y de control de los datos personalísimos, el conocimiento de lo que hace el usuario con sus tarjetas de débito o crédito, o su telefonía digital, en dónde, cómo y a qué hora compra, puede ser lo que marque la diferencia en la atención personalizada al cliente, PERO también lo que facilita la acción criminal, o directamente las estafas al consumidor.

 

Insistimos, por último: 

·         Que toda incorporación de tecnología que altera sustancialmente las condiciones de trabajo y empleo, por un lado, deben realizarse previo acuerdo con la organización sindical representativa de los trabajadores; por otro, que la incidencia que tendrá esa incorporación  sobre  todas las actividades económicas y familiares exige una regulación clara, con intervención del Congreso de la Nación.

·         Que la actual política del Banco Central orienta al sistema a la especulación, introduciendo un peligroso juego de factores de riesgo que preanuncian una situación de quebranto que afectará a toda la sociedad, a nuestra economía y a nuestras fuentes de trabajo.

Por todo ello, la Comisión de Banca Privada, considerando que esta realidad afecta de una manera u otra a todo el sistema, y anteriores resoluciones de este cuerpo orgánico, propone al Congreso Nacional Bancario resolver: 

 

Elevar a consideración del Secretariado General Nacional:

 

1)    La promoción de una instancia de negociación paritaria sobre la incorporación de tecnología y banca digital en el sistema financiero con las cámaras del sector y el Banco Central de la República Argentina, teniendo además en cuenta que ya los procesos de derivación a canales y automatización están teniendo consecuencias sobre los puestos laborales.

 

2)    Establecer como objetivo, en función de preservar el empleo y las condiciones laborales, teniendo en cuenta los cambios actuales y próximos  en la organización del trabajo en la actividad  debido a la incorporación de tecnología en materia de Inteligencia Artificial sustitutiva del trabajo humano, una NUEVA CONVENCION COLECTIVA, que incluya, entre otras medidas, pautar esa reforma, alcanzar una reducción de la jornada laboral,  mejorar las licencias, tanto para mejor distribuir el empleo existente como para reconocer que la tecnología también debe coadyuvar a una vida más digna y una menor carga laboral.

 

3)    Potenciar las acciones para que el fraude de las tercerizaciones no condene a miles de trabajadores al desconocimiento de su condición de bancarios, y en muchos casos a salarios de hambre como en el caso de miles de compañeros comprendidos en las ramas de maestranza/mayordomía.

 

4)    Promover que la cuestión referida a incorporación de tecnología, banca digital y consecuentes riesgos, sea considerada de manera urgente por el Congreso de la Nación y, particularmente, en la imprescindible sustitución de la ley de entidades financieras de la dictadura por una nueva ley de servicios financieros.

 

5)    Exigir la urgente revisión por el Congreso de la Nación de las políticas y decisiones que lleva adelante la actual gestión del Banco Central, pues ponen en peligro al sistema financiero y al interés nacional.

 

6)    Promover la derogación del impuesto al salario.

 

7)      Articular acciones más dinámicas para combatir las numerosas irregularidades en el cumplimiento de las condiciones laborales vigentes que cometen los bancos, con su habitual espíritu de rapiña.

 

Nota: Adjuntamos al presente anexos recibidos de los distintos Congresales y Seccionales.

 

28 de junio de 2017

La presente declaración fue elaborada por la Comisión respectiva, siendo su Presidente Eduardo Berrozpe e integrada por Patricia Rinaldi (Buenos Aires) José Iturralde (Azul), Mabel A. López (Resistencia), Gastón Eduardo Bourlé (Tucumán), Amadeo Borges Diniz (Villa Mercedes), Jorge Luis Rodríguez (Secc. Gral. Roca), Carlos F. Rivero (Santa Fe), Rubén Aguilera (Buenos Aires), Eduardo Juárez (Córdoba), Andrea Montelirio (Villa María), Daniel Alejandro Schenkel (Secc. Trelew), Pablo Osvaldo Pedri (Villa María), Marcelo Fulvio Ferrero (Bahía Blanca) Sergio Garzón Torres (Buenos Aires), Alberto Orlando Castano, (Buenos Aires), María del Carmen  Mai (Buenos Aires), Leandro Martin Tobalina (Buenos Aires), Oscar Adolfo López (Salta), Laura Alejandra Pareja (Tucumán), José Luis Oliva (Buenos Aires), Lila Norma Couso (Córdoba), Norma Esther Velázquez de Podader (Mendoza), Karina Viviana Vilte (Salta), Daniel Enrique Lattuca (Rosario), Raúl Orlando Muñoz (Mendoza), Nancy Cecilia Martínez (Neuquén), Héctor Enrique Torrila (Paraná), Joaquín José Pimentel (Neuquén). Fue aprobada por unanimidad.